La familia de Areli Saraí Martínez Domínguez, enfermera de 34 años localizada sin vida junto con su hija de ocho años el pasado 4 de mayo en su domicilio de la colonia Jacarandas, en San Martín Mexicápam, difundió un posicionamiento público en el que exige una investigación amplia sobre el caso y rechaza que la tragedia sea reducida únicamente a una explicación basada en problemas de salud mental.
El pronunciamiento surge un mes después de que las autoridades informaran que una de las principales líneas de investigación se centraba en una carta póstuma encontrada en el lugar y en la ausencia de indicios de violencia o participación de terceros. Sin embargo, la familia sostiene que existen antecedentes médicos, laborales e institucionales que deben ser analizados para comprender el contexto que rodeó los hechos.
De acuerdo con el documento, Areli laboró durante años en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde enfrentó jornadas intensas durante la pandemia de COVID-19. Sus familiares afirman que padecía ansiedad, depresión, distimia y síndrome de burnout, condiciones que, aseguran, estaban diagnosticadas por personal médico de la propia institución. También señalaron que la enfermera fue despedida del IMSS el 17 de marzo de este año y que el 30 de abril se confirmó la rescisión laboral en una audiencia conciliatoria; días después ocurrió la tragedia.
La familia aclaró que no busca minimizar la gravedad de lo sucedido ni evadir responsabilidades individuales, pero consideró indispensable determinar si existieron fallas en la atención, seguimiento y protección de una trabajadora con antecedentes clínicos de riesgo. Además, demandó protocolos efectivos de atención a la salud mental para el personal sanitario, una revisión de la actuación sindical y un manejo ético de la información por parte de autoridades y medios de comunicación.
Ante estos hechos el caso exhibe una realidad más profunda sobre las condiciones laborales y emocionales del personal de salud en México, que va más allá del bornout. “Esta no es únicamente la historia de una familia rota por el dolor; es una advertencia para todas las instituciones que han convertido la salud mental de sus trabajadores en una carga invisible”, señala el posicionamiento, que concluye con una exigencia de verdad, responsabilidad y garantías de no repetición.
