Giselle Melchor
Cuatro hombres originarios del Estado de México fueron víctimas de desaparición en el municipio de Ejutla, Oaxaca, mientras realizaban actividades comerciales. La última vez que se tuvo contacto con ellos fue el pasado 14 de junio. Desde entonces, sus familias viven una pesadilla marcada por la incertidumbre, la ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades y el temor a que el caso quede en la impunidad.
Las víctimas —Francisco Santos Gómez, su hijo José Santos Villafranco, Humberto Cruz Agustín y un cuarto hombre identificado como Joaquín— son comerciantes de materiales para construcción con años de trayectoria. Salieron el 12 de junio desde la comunidad de Santa María Magdalena Cahuacán, municipio de Nicolás Romero, rumbo a Oaxaca. Su última ubicación conocida fue en Ejutla, y desde entonces no han vuelto a comunicarse. “Siempre llamaban para avisar dónde estaban. Esta vez, simplemente dejaron de contestar”, relatan familiares en entrevista com Telediario.
El caso no sólo refleja la creciente inseguridad en rutas comerciales del país, sino también la inacción de las instituciones frente a un crimen que vulnera el derecho a la libertad y a la vida. Humberto Cruz, uno de los desaparecidos, es padre y abuelo; sus seres queridos aseguran que jamás estuvo involucrado en ningún conflicto. “Él sólo trabajaba para mantener a su familia. Hoy no sabemos si está vivo”, expresaron con desesperación.
A los días de la desaparición, las familias recibieron llamadas de supuestos captores exigiendo dinero a cambio de su liberación, pero sin ofrecer ninguna prueba de vida. “Pedimos una videollamada para saber que están bien. No podemos ceder sin tener certeza. Teme uno que sea una extorsión más”, explicó un familiar. La exigencia es clara: localizar con vida a los cuatro hombres y castigar a los responsables.
Aunque las autoridades de Oaxaca localizaron el vehículo en el que se desplazaban, no había rastro de ellos ni de la mercancía que transportaban. La respuesta institucional ha sido, hasta ahora, limitada. Algunos familiares se trasladaron a Oaxaca por sus propios medios para sumarse a la búsqueda, ante lo que consideran una respuesta lenta e insuficiente del Estado.
Este caso se suma a los miles de desapariciones que siguen sin resolverse en México. Las familias de los desaparecidos exigen a los gobiernos de Oaxaca y del Estado de México una acción inmediata, coordinación efectiva y enfoque en derechos humanos para esclarecer los hechos. “No son cifras, son padres, hijos, abuelos, trabajadores. Queremos justicia y que regresen a casa con vida”, reclamaron.
