Giselle Melchor
El 25 de septiembre de 2019, San Raymundo Jalpan dejó de ser solamente la sede del Congreso de Oaxaca.
Durante varias horas, aquel recinto se convirtió en el escenario de una disputa que llevaba décadas en las calles, en los hospitales, en las iglesias, en las comunidades y, sobre todo, en la vida de miles de mujeres.
Afuera estaban los pañuelos verdes.
También estaban los pañuelos celestes.
Adentro, 42 diputadas y diputados tenían frente a sí una decisión que terminaría colocando a Oaxaca en los libros de la historia legislativa mexicana: modificar el Código Penal para dejar de considerar delito la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.
No era una votación cualquiera.
Era la primera vez, desde la reforma de la entonces Ciudad de México en 2007, que otra entidad mexicana daba ese paso.
Oaxaca se convertía en el segundo estado del país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas.
Y lo hacía en uno de los estados con mayores desigualdades sociales del país.
Desde temprano, grupos religiosos llegaron al Congreso. personas provenientes del templo de San Martín Obispo acudieron para rezar y pedir a los legisladores que rechazaran la reforma.
Las mujeres de la llamada Ola Celeste ingresaron por una de las puertas del recinto.
Del otro lado llegaba la Marea Verde, integrada por activistas y organizaciones feministas que durante meses habían colocado el derecho a decidir en el centro de la discusión pública.
Las consignas comenzaron antes de que los diputados llegaran al punto medular de la sesión.
“Vida sí, muerte no”.
“Asesinos”.
Y desde el otro lado:
“Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado, se va a caer”.
El Congreso estaba partido en dos.
Y también lo estaba la sociedad oaxaqueña.
La sesión ordinaria comenzó alrededor de las 11:15 de la mañana.
Pero el aborto no fue el primer asunto sobre la mesa.
Los legisladores avanzaron por más de medio centenar de puntos hasta llegar al dictamen que proponía modificar los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal de Oaxaca.
La iniciativa había sido impulsada por las diputadas de Morena Laura Estrada Mauro, Hilda Pérez Luis y Rocío Machuca Rojas.
La discusión ya no podía detenerse.
En tribuna, las legisladoras que defendían el dictamen hablaron de autonomía, salud pública y derechos humanos.
Elisa Zepeda Lagunas, Magaly López Domínguez, Hilda Pérez Luis, Elim Antonio Aquino y Aleida Tonelly Serrano Rosado expusieron argumentos a favor.
En contra intervinieron, entre otros, María de Jesús Mendoza Sánchez y Fabrizio Emir Díaz Alcázar.
La discusión no se limitó al recinto.
Afuera, las organizaciones religiosas colocaban pancartas.
Algunas advertían electoralmente a Morena:
“Con aborto, no te voto”.
La respuesta de las feministas fue:
“El respeto al útero ajeno es la paz”.
Entonces ocurrió uno de los episodios más extraños de aquella jornada.
Llegó el momento de votar. Pero el sistema electrónico falló.
La pantalla que debía mostrar los votos dejó de funcionar y la sesión se complicó.
Pasaron aproximadamente 30 minutos sin que pudiera concretarse el procedimiento electrónico.
La discusión subió de tono.
Hubo quienes pidieron que la votación se realizara por lista.
Desde las curules priistas se escucharon frases como:
“Hasta la pantalla abortó”.
También:
“Ni Dios quiere que se vote”.
En medio de la confusión, la diputada Hilda Pérez Luis denunció la presencia de personas ajenas al Congreso en el área de sistemas.
Después, la pantalla volvió a encenderse.
Y apareció una frase:
“El pueblo manda”.
La tensión dentro del recinto alcanzó uno de sus puntos más altos.
Finalmente llegó el momento.
24 votos a favor.
12 en contra.
La reforma había sido aprobada.
Morena aportó 19 votos favorables y cinco legisladores aliados completaron la mayoría.
Entre los morenistas que votaron en contra estuvieron Ángel Domínguez Escobar y Ericel Gómez Nucamendi.
También se registraron votos contrarios de legisladores del PRI, PAN, Partido Verde y Encuentro Social.
El Congreso había hablado. Para la Marea Verde, la noticia fue recibida entre abrazos, lágrimas, consignas y celebración.
Para quienes se oponían a la reforma, aquello representaba una derrota que anunciaron combatir por las vías legales.
Oaxaca acababa de convertirse en el segundo estado de México en despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas.
Habían tenido que pasar 12 años desde la reforma de la Ciudad de México para que otra entidad lo hiciera.
En 2019 Oaxaca era un estado atravesado por pobreza, marginación, desigualdad y profundas brechas de acceso a servicios.
La discusión sobre el aborto llegaba además en un contexto de violencia contra las mujeres.
El propio Congreso había declarado 2019 como el “Año de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer”.
No era un dato menor. La reforma tampoco significó que desapareciera toda regulación penal.
Por eso, cada 26 de septiembre no solamente se recuerda aquella votación.
Se recuerda que en 2019 Oaxaca fue el segundo estado del país en dar ese paso.
Y también que despenalizar en la ley no significa, automáticamente, garantizar en el territorio. Seis años después, la discusión ya no puede quedarse en los archivos del Congreso.
Tiene que llegar a los centros de salud, a las comunidades indígenas, a las adolescentes, a las mujeres en situación de pobreza y a cada territorio donde todavía existen barreras para ejercer plenamente los derechos sexuales y reproductivos.
