Giselle Melchor
Foto: La Poderosa 100.5 FM
La historia del ingeniero tlaxiaqueño Pablo Osorio Sánchez no terminó cuando sus restos fueron identificados. Terminó, en realidad, con una verdad dolorosa que México se resiste a aceptar: en este país, las madres buscadoras han tenido que asumir una responsabilidad que le corresponde al Estado. Durante más de cinco meses, la familia de Pablo vivió entre la incertidumbre y la esperanza. Mientras las instituciones avanzaban con la lentitud que caracteriza a cientos de investigaciones por desaparición, fueron las mujeres organizadas en colectivos quienes caminaron brechas, revisaron fosas clandestinas, sostuvieron búsquedas y acompañaron a quienes se niegan a abandonar a sus seres queridos.
El hallazgo en las inmediaciones del poblado de El Verde, en Concordia, Sinaloa, donde fue localizada una sexta fosa clandestina, vuelve a exhibir una realidad estremecedora. En esa misma zona, el pasado mes de marzo, ya habían sido encontrados diez cuerpos relacionados con la desaparición de trabajadores de la empresa minera donde laboraba Pablo. La nueva búsqueda, impulsada tras una denuncia anónima y con la participación del Colectivo de Rastreadoras Por las Voces sin Justicia, derivó en la localización de más restos humanos. No es casualidad que una y otra vez sean los colectivos quienes encuentren lo que las autoridades no localizaron durante meses. Fue hasta inicios de julio cuando la familia recibió los resultados de las pruebas forenses que confirmaron que se trataba del joven ingeniero.
La despedida de Pablo en su natal Tlaxiaco estuvo marcada por el dolor, pero también por un gesto que debería estremecer a cualquier autoridad. Su madre dedicó palabras de agradecimiento a las madres buscadoras y a todas las personas que compartieron la ficha de búsqueda de su hijo. Agradeció a mujeres que, sin obligación legal alguna, dejan sus hogares para buscar a un joven que ni siquiera era su familiar. Ese reconocimiento habla de solidaridad, pero también de un fracaso institucional. Ninguna madre debería depender de otra madre para encontrar a su hijo desaparecido.
Las madres buscadoras no son peritas, ministerios públicos ni policías de investigación. Son mujeres que un día fueron obligadas por la violencia a cambiar flores por palas, cumpleaños por jornadas bajo el sol y abrazos por búsquedas entre cerros y terrenos donde la muerte se esconde. Lo hacen enfrentando amenazas, indiferencia e incluso estigmatización. En demasiadas ocasiones han encontrado restos humanos antes que las propias autoridades, evidenciando las enormes deficiencias de los sistemas de búsqueda y procuración de justicia.
El caso de Pablo Osorio también recuerda que detrás de cada cifra existe un proyecto de vida truncado. Un joven ingeniero de apenas 26 años que salió de Oaxaca para construir un futuro terminó formando parte de la larga lista de personas desaparecidas que jamás regresaron con vida. Su historia no puede reducirse a un expediente ni a una estadística. Representa el drama de miles de familias mexicanas que siguen esperando una llamada, una respuesta o, al menos, la posibilidad de despedirse.
Hoy corresponde exigir algo más que condolencias. Se necesita fortalecer las capacidades de búsqueda, garantizar investigaciones inmediatas, proteger a los colectivos y combatir la impunidad que alimenta las desapariciones. Cada fosa clandestina encontrada es una prueba de que la violencia sigue operando con alarmante facilidad y de que las respuestas institucionales continúan siendo insuficientes.
Mientras eso no ocurra, las madres buscadoras seguirán haciendo el trabajo que el Estado no ha podido, o no ha querido, realizar. Y cada vez que una familia encuentre a su hijo gracias a ellas, México tendrá una razón más para agradecerles, pero también una razón más para avergonzarse. Porque ningún país debería necesitar que sean las madres quienes carguen sobre sus hombros la búsqueda de la verdad y la justicia.
