Giselle Melchor
Oaxaca de Juárez, Oax.—Con la voz firme pero entrecortada, Clarisid Reyes Peláez socia y fundadora del Colegio Atonaltzin y propietaria de los predios donde funcionaba la institución, decidió hablar públicamente de lo que llama una “escalada de violencia” que no solo amenaza su patrimonio, sino también su vida y la de su familia.
Desde 2024, asegura, su hermano Elías Reyes Peláez y su madre, Eva Peláez Márquez, han emprendido en su contra una serie de agresiones que trascienden lo familiar: violencia emocional, psicológica y patrimonial, robo de documentos, amenazas de muerte y de secuestro, y hasta carpetas de investigación fabricadas con la presunta complicidad de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
“Me han dicho que no soy parte de la familia, que no merezco ser hija, y me han despojado de lo que con esfuerzo mi padre me heredó”, relató con indignación.
El 9 de mayo pasado marcó un antes y un después. Ese día, dentro de un salón del colegio, fue retenida y notificada de un juicio mercantil basado —dice— en un documento falsificado. En paralelo, le comunicaron su despido tras más de veinte años de servicio, mientras personal del plantel, bajo órdenes de su hermano, se apoderaba de sus pertenencias. “Ese día quisieron borrar mi historia en el colegio que yo misma ayudé a levantar”, recordó.
A la par de esta violencia patrimonial, enfrenta denuncias por violencia familiar, despojo y robo de vehículo. Su esposo también es acusado y vive bajo la sombra de órdenes de aprehensión suspendidas gracias a un amparo. Para Clarisid, todo responde a una estrategia de intimidación: “Quieren meterme a prisión para que no pueda defenderme”.
Hoy, embarazada y en condición de alto riesgo, teme que la audiencia judicial del este 4 de septiembre sea utilizada en su contra. Por eso responsabiliza a su hermano, a su madre y al vicefiscal regional de Valles Centrales, Samuel Jiménez Acevedo de cualquier daño que pueda sufrir.
“La violencia que denuncio viene de mi propia familia, de quienes deberían cuidarme. Pero lo más grave es que esa violencia ha encontrado eco y protección en las instituciones”, expresó.
La maestra hizo un llamado a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Erika Rodríguez Rodríguez, y al Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, para que no permitan que el tráfico de influencias decida su destino. También pidió el apoyo de colectivos de mujeres y organismos de derechos humanos.
“Estuve callada muchos meses. Hoy ya no. Voy a seguir luchando… Levantar la voz es el único camino para defender nuestra dignidad y libertad”, concluyó.
