Un video de cámaras de seguridad detonó un nuevo escándalo dentro de la Fiscalía de Oaxaca: peritos fueron separados de sus cargos luego de ser captados presuntamente sustrayendo dinero en efectivo y mercancía durante un operativo en Santa Lucía Ocotlán.
Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran el momento en que personal pericial toma 15 mil pesos en efectivo y una dotación de camarones de la empresa “Líneas Unidas”. De acuerdo con los afectados, tras la denuncia, los funcionarios devolvieron los mariscos en estado de descomposición, mientras que el dinero no fue recuperado.
El incidente, ocurrido el pasado 1 de abril, expone no solo posibles faltas administrativas, sino la comisión de conductas que podrían derivar en responsabilidades penales por abuso de funciones. La reacción institucional llegó después de la presión pública: los implicados fueron suspendidos y separados de sus funciones.
La Visitaduría General y la Contraloría interna ya iniciaron investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de los servidores públicos involucrados. Sin embargo, el caso vuelve a evidenciar fallas en los controles internos y en la supervisión de operativos, especialmente cuando quienes deben garantizar la legalidad son señalados por vulnerarla.
Mientras avanzan las indagatorias, el episodio deja una señal preocupante: la cadena de custodia y la integridad de los operativos pueden quedar comprometidas cuando no existen mecanismos eficaces de vigilancia y rendición de cuentas. El resultado de este proceso marcará si la sanción va más allá del discurso o se queda, como en otros casos, en una reacción tardía ante la evidencia pública.
