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Proponen hasta 14 años de cárcel por publicar ofertas laborales falsas en medios digitales de Oaxaca

 Proponen hasta 14 años de cárcel por publicar ofertas laborales falsas en medios digitales de Oaxaca
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Para frenar los delitos que se cometen mediante anuncios laborales fraudulentos en plataformas digitales y medios electrónicos, el diputado Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó ante el Congreso de Oaxaca una iniciativa de ley que propone sanciones de ocho a 14 años de prisión y multas económicas para quienes incurran en esta práctica.

La propuesta legislativa busca adicionar el artículo 383 Ter al Código Penal del Estado con el objetivo de castigar la publicación de anuncios falsos que, bajo engaño, prometen empleos, beneficios económicos u oportunidades inexistentes, con el fin de facilitar o cometer delitos como trata de personas, explotación laboral o fraude.

Durante la exposición de motivos en sesión ordinaria, el legislador subrayó que la iniciativa no criminaliza las ofertas de trabajo legítimas, sino que pretende combatir el uso doloso de los medios digitales para atraer y victimizar a personas en condiciones de vulnerabilidad.

“Oaxaca no será terreno fértil para el crimen disfrazado de oportunidad”, advirtió Casique Zárate, al recordar que las principales víctimas de estas prácticas son jóvenes en busca de su primer empleo, mujeres, personas migrantes y quienes viven en situación de pobreza.

Según el 2º Reporte Anual Trata de Personas. Riesgos tras la Pandemia. Enero 2021 – Junio 2022, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, 35% de los casos de trata de personas inician con anuncios de empleo falsos. A su vez, la firma OCC Mundial reportó que 69 de cada 100 personas entran en contacto con vacantes fraudulentas hasta dos veces por semana.

El legislador también citó datos del INEGI, que revelan que cuatro de cada diez jóvenes entre 18 y 25 años buscan empleo en redes sociales, lo que incrementa su exposición a fraudes y redes criminales.

El proyecto fue turnado a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación.

Giselle Melchor

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